El seguro de defensa jurídica, también llamado de protección jurídica o de protección legal, es una cobertura muy útil para los autónomos y pymes, pues garantiza tanto asistencia profesional como cobertura de los gastos en caso de tener que afrontar un problema legal.
Con un seguro de defensa jurídica, la compañía de seguros se hace cargo de los costes derivados de un proceso judicial, arbitral o administrativo. Dentro de los límites económicos establecidos en la póliza, la aseguradora asumirá los servicios de asistencia letrada, protección jurídica y defensa legal.
Con frecuencia, la garantía de defensa jurídica se incluye en otro tipo de seguros como los productos multirriesgos o los de responsabilidad civil. En el primer caso, su función principal es la de reclamar a un tercero los daños que haya podido causar al asegurado o a sus bienes. En el seguro de responsabilidad civil, la defensa jurídica tiene como misión la asistencia legal al asegurado si alguien presenta una reclamación contra él. Tanto si el autónomo o la empresa entienden que no tienen responsabilidad en el percance como si creen que la indemnización solicitada es demasiado elevada, contarán con los abogados y recursos necesarios para hacer frente a la reclamación.
Además de las medidas judiciales activas, este seguro también garantiza el asesoramiento jurídico en los trámites que se deban realizar y en la redacción de documentos, así como la reclamación de daños y perjuicios, la defensa penal, el recurso ante sanciones administrativas, reclamaciones de empleados, etc.
En todas estas situaciones el asegurado tendrá cubiertos:
- Los honorarios de letrados y procuradores.
- Los costes de notarios, poderes, actas y requerimientos.
- La retribución de los peritos judiciales.
- Las costas judiciales en caso de sentencia condenatoria en firme.
